Leo en madri+d que el Gobierno, por la presión del PP y CiU prolongarán los beneficios fiscales para financiar a las empras consistentes en disminuir las cotizaciones a la seguridad social del personal investigador que contraten.
Como siempre, se trata de meter la mano en el bolsillo ajeno.
Unas veces son los sueldos de los funcionarios, que el Gobierno se cree que tiene a su disposición, como si los funcionarios públicos fuéramos sus esclavos.
Recientemente el Sr. Piqué, recordado como uno de los más nefastos ministros de Investigación, se quejaba de que en estas condiciones lamentables producidas por la avaricia especuladora el Gobierno se hubiera negado a congelarnos el sueldo, eufemismo de hurto con abuso de confianza como habían hecho ellos cuando estuvieron en el poder.
Otras veces se le mete mano a la Seguridad Social sólo porque se tienen a mano las cintas de la bolsa, para dedicar sus recursos a actividades que no son adecuadas a sus fines; es decir, a la malversación de fondos.
El caso más escandaloso, disfraado de 'falsa solidaridad' fue el de financiar las pensiones no contribuitivas con esos recursos.
Por supuesto que apoyo cualquier solidaridad de pensiones no contributivas, ¡pero de todos!; es decir, de los trabajadores y de las empresas. Pero esas pensiones deberían salir de los impuestos no específicos que pagamos todos, trabajadores, rentistas y empresas, en el IRPF, en el IS, en los impuestos de herencias - eliminados en algunos casos para favorecer a los ricos - etc.
Financiar esas pensiones con los recursos de los trabajadores contributivos no es solidaridad; es 'hurto con abuso de confianza' que, una vez más, cae sobre la parte económicamente más débil.
Los recursos de la Seguridad Social son unas deducciones que se hacen a los trabajadores para garantizar la devolución, en forma de rentas del trabajo, a quienes no se mueran durante su vida laboral y vivan después de jubilarse; también para atender las demás contingencias laborales: viudedad, orfandad, subsidios de maternidad/paternidad, desempleo, etc.
Es decir, aplicaciones finalistas que, por tanto, no pueden dedicarse a cualquier cosa.
Para lo que no son es para financiar la investigación.
Ésta, tiene que financiarse en los PGE con los impuestos de carácter genérico y no con las aportaciones de los trabajadores, que son de carácter específico.
Cuando el Gobierno decide reducirr la cotización de la seguridad social como ayuda a la financiación de las empresas lo que está haciendo es hurtarles a los trabajadores los recursos a los que tienen derecho, fruto de su trabajo, para garantizar el estado de bienestar que han contribuido a crear.
Es decir, somos sólo los trabajadores los que vamos a financiar la I+D de las empresas que, además, van a pagar de ese modo menos impuestos.
Si el Gobierno quiere financiar la I+D tiene que hacerlo con fondos genéricos, no con el dinero de los trabajadores.
De ese modo, libre de estos hurtos habría superavit en la Seguridad Social suficinete para aumentar las prestaciones, que somos la vergüenza de Europa occidental.
Si no estuvieran quedándose siempre con nuestro dinero habría suficentes recursos en la Seguridad Social para una mejor atención a los trabajadores y a sus familias. Se evitarían situaciones donde uno de ambos cónyuges, casi siempre la esposa, tiene que abandonar el trabajo para quedarse cuidando a los padres enfermos perdiendo su oportunidad de realización personal, que es su dercho constituiconal.
Todo por falta de la atención sanitaria suficiente, que podría estar financiada con recursos de la Seguridad Social, para que fuesen cuidados de modo institucional como pasa en los paises desarrollados de Europa Occidental, entre los que no está España.
Pero naturalmente, reduciendo las cotizaciones a la Seguridad Social mediante estos hurtos institucionales se está reduciendo el ingreso de los recursos necesarios para mejorar nuestra calidad de vida y se dedican a la financiación de la I+D de las empresas, lo cual es una indecencia.
No el financiar la I+D, sino el hacerlo a expensas de los trabajadores y no de todos los ciudadanos.
Si, además, según nos dice la noticia de madri+d, el Gobierno duda de la bondad de esa aplicación, a la que le han forzado el PP y CiU, que como buenos partidos nacionalistas y de derechas siempre apoyan a los empresarios en contra de los trabajadores, al abuso se añade el despilfarro.
¡A ver si empezamos a ser serios!.
¿Qué hacen mientras los sindicatos?.
El trio de la bencina comer y callar, que para eso están.